La trata de personas en Argentina es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retirada de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.
Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos. Y es considerado una forma moderna de esclavitud. A nivel mundial está ubicado tercero en un siniestro ranking de delitos luego del tráfico de armas y el de drogas. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata y que el negocio mueve 32.000 millones de dólares en todo el mundo.
Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos. Y es considerado una forma moderna de esclavitud. A nivel mundial está ubicado tercero en un siniestro ranking de delitos luego del tráfico de armas y el de drogas. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata y que el negocio mueve 32.000 millones de dólares en todo el mundo.
Existe un protocolo internacional contra la trata de Naciones Unidas que fue firmado por 117 países entre ellos la Argentina. Este tratado obliga a los países parte a prevenir y combatir la trata y asistir y proteger a las víctimas de esta. También promueve a los países a cooperar entre ellos para lograr estos objetivos.
En la Argentina este delito está penado por la ley. Existen muchas leyes que sobre este flagelo, sin embargo el delito continúa ocurriendo. Un avance legal importante en la materia fue la sanción de la sanción de la Ley 26.364 que intenta lograr lo que busca el protocolo internacional. Y fija penas de 3 a 15 años de prisión. Desde la primera sanción de la ley 26.364 en 2008 a principios del 2014 se rescató 6.339 víctimas de explotación laboral y sexual en el país.
A pesar de ser un delito grave, no existen en la Argentina cifras estadísticas oficiales sobre este delito, solo de los casos judicializados. Pero se sabe que el país es lugar de origen, tránsito y destino de la trata. En julio de 2011 el gobierno sanciono un decreto que prohibió la publicación de avisos gráficos de oferta sexual en los medios de información como una medida para prevenir la trata.
Un reciente estudio de 2012 demostró que la trata de explotación sexual está cambiando para evadir la ley, otorgándoles a las mujeres esclavizadas ciertas libertades como tener sus documentos o poder salir de los lugares de explotación para que sea más difícil probar la trata.
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